Tras su extradición, Antonio Parada ya está en Bolivia para enfrentar el proceso por el caso ítems fantasmas


DIRCOM

20 de mayo del 2025

Después de más de tres años de espera, finalmente el exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Antonio Parada Vaca, arribó al país tras ser extraditado desde Brasil, proceso que se inició en 2021 y que culminó con la autorización del Gobierno brasileño. Parada es considerado una pieza clave dentro del caso denominado “ítems fantasmas”, una de las mayores estafas cometidas contra las arcas municipales.

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, destacó que Parada deberá responder ante la justicia no solo por su implicación directa en la creación de ítems fantasmas, sino también por el desproporcionado patrimonio que posee, el cual no guarda relación con su sueldo e ingresos declarados. Actualmente, se tienen bienes, inmuebles y vehículos registrados a su nombre con anotaciones preventivas dentro del proceso judicial.

Montenegro señaló que es fundamental que Parada aclare cómo se permitió la contratación de cientos de personas que nunca trabajaron en la Alcaldía, muchas de las cuales cumplían funciones políticas o simplemente no existían. “Después de tantos años, esperamos que se identifique a todos los responsables y que todos respondan ante la justicia. Pero más allá de quién termine en prisión, como municipio lo que más nos interesa es recuperar el dinero robado”, afirmó.

El vocero recordó que existen bienes incautados y con anotación preventiva vinculados a los principales involucrados, como la exalcaldesa Angélica Sosa, Antonio Parada y otros exfuncionarios. “La cantidad de pruebas reunidas por el Ministerio Público ha permitido imputaciones formales irrefutables. No se puede negar la magnitud de este caso”, agregó.

Montenegro también anticipó que, ante una posible estrategia de las defensas de los implicados de desvirtuar el proceso, la ciudadanía debe recordar que si no existieran pruebas, no habría imputaciones ni acusaciones formales.

El caso de los ítems fantasmas es solo uno de los procesos en curso. A este se suman otros relacionados con contratos irregulares, persecución de responsabilidades y recuperación de recursos económicos. En conjunto, el daño causado al municipio asciende a casi 200 millones de bolivianos, monto que se busca recuperar mediante la confiscación de bienes e inmuebles pertenecientes a los involucrados.



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