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El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se declaró en emergencia tras el anuncio de la eliminación de la subvención a los combustibles, debido al impacto directo que esta medida genera en la economía de la población, especialmente en los precios de la canasta familiar y el transporte público.
Desde tempranas horas, el alcalde Jhonny Fernández encabezó una reunión de gabinete ampliado para evaluar el impacto económico y el comportamiento del mercado, ante intentos de incremento unilateral en precios y pasajes. La autoridad municipal fue enfática al señalar que no se ha autorizado ningún aumento en la tarifa del transporte público, por lo que la ley municipal vigente se mantiene sin cambios.
En ese marco, el alcalde anunció que se reforzarán los controles en mercados, centros de abasto y transporte público, y que se aplicarán sanciones correspondientes a quienes incrementen precios o cobren pasajes fuera de lo establecido por norma.
“Mientras no exista una evaluación técnica y un consenso con todos los sectores, no permitiremos abusos ni especulación que afecten la economía de la gente”, sostuvo.
Asimismo, informó que se enviará una carta al presidente del Estado solicitando una reunión urgente con todos los alcaldes del país, a fin de conocer los alcances, la reglamentación y las posibles medidas compensatorias frente a esta decisión gubernamental.
Para esta jornada, a las 16:30, el alcalde convocó a una reunión urgente con transportistas, gremiales, productores, juntas vecinales y control social, con el objetivo de analizar la situación, escuchar a los sectores involucrados y definir acciones que protejan a la población, en especial a los sectores más vulnerables.
Finalmente, la autoridad municipal pidió calma a la ciudadanía y reiteró que el municipio se mantendrá en alerta permanente, vigilando que no se vulneren los derechos de los vecinos. “Nuestro deber es cuidar la economía de nuestra gente y no vamos a permitir incrementos arbitrarios”, concluyó.
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