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Con indignación contenida y un tono frontal, el vocero del Gobierno Autónomo Municipal, Bernardo Montenegro, lanzó duras acusaciones contra concejales municipales, a quienes responsabilizó de haber dejado “en indefensión” los predios del Mercado Mutualista tras un fallo constitucional que hoy obliga al municipio a actuar.
“Hay que decirlo con claridad: es inaceptable la sinvergüenzura”, afirmó, marcando el inicio de una conferencia cargada de cuestionamientos, memoria institucional y advertencias sobre las consecuencias legales que enfrenta la actual gestión.
Una decisión que cambió todo en horas
Según la autoridad, el punto de quiebre ocurrió en 2024, cuando el Concejo Municipal —tras conocerse el fallo constitucional— dejó sin efecto, en cuestión de minutos, la ley que garantizaba el dominio de los predios del mercado.
Montenegro señaló directamente a concejales como Medrano y Vaca, asegurando que votaron para anular la norma “en dos segundos”, mientras que también cuestionó la ausencia de Lola Terrazas en esa sesión clave.
“Hoy quieren aparecer como defensores, pero fueron los primeros en dejar sin efecto la ley que protegía estos predios”, enfatizó.
Dos años y medio de lucha… en soledad
El vocero sostuvo que, desde entonces, el municipio ha librado una batalla legal constante para revertir la situación, sin respaldo institucional.
En el centro de esa presión está el alcalde Johnny Fernández, quien —según Montenegro— enfrenta un proceso penal y medidas sustitutivas por el incumplimiento de la sentencia.
“Se ha puesto en riesgo su libertad. Hemos agotado todas las instancias, pero nos dejaron solos”, remarcó.
Durante este tiempo, aseguró, se enviaron cartas, se realizaron gestiones y se impulsaron múltiples acciones judiciales que, en su mayoría, fueron rechazadas o dilatadas.
Un fallo sin vuelta atrás
El núcleo del conflicto sigue siendo una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que obliga al municipio a entregar documentación vinculada a los predios en disputa.
Montenegro fue categórico:
la sentencia es “irrevisable e inapelable”.
Esto significa que, pese a los cuestionamientos y a los intentos legales por frenarla, el Gobierno Municipal no tiene otra alternativa que cumplirla para evitar mayores sanciones.
Esperanza en nuevas investigaciones
En medio del conflicto, el vocero destacó y agradeció el anuncio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien habría dispuesto investigar posibles irregularidades en el manejo de los procesos judiciales vinculados al caso.
“Después de dos años pidiendo ayuda, finalmente se nos está escuchando”, señaló.
No obstante, aclaró que estas acciones no modifican el carácter obligatorio de la sentencia constitucional, que sigue vigente y debe cumplirse.
Responsabilidades y un conflicto que escala
Montenegro insistió en que la responsabilidad no recae en el Ejecutivo Municipal, sino en quienes —según dijo— tomaron decisiones que debilitaron la defensa legal del mercado.
También advirtió que, de abrirse investigaciones, deberán rendir cuentas todos los concejales que participaron en la anulación de la ley.
Mientras tanto, el municipio ha instruido a todas sus secretarías avanzar en el cumplimiento del fallo, en medio de un escenario tenso, con amenazas de endurecimiento de medidas judiciales contra el alcalde y una creciente disputa política.
Entre la ley y la presión
El caso del Mercado Mutualista se ha convertido en mucho más que un conflicto legal: es hoy un punto de quiebre institucional, donde se cruzan decisiones políticas, responsabilidades legales y el futuro de un espacio clave para miles de comerciantes.
Y en medio de todo, según la versión oficial, queda una sensación persistente:
la de una lucha larga… y solitaria.
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