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El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su vocero, Bernardo Montenegro, expresó su profunda preocupación por el hostigamiento que viene sufriendo el alcalde Jhonny Fernández, tras la presencia de grupos gremiales del mercado Mutualista en inmediaciones de su domicilio particular.
Montenegro calificó estas acciones como “absolutamente innecesarias” y alejadas del marco legal, recordando que el conflicto no se origina en decisiones personales de la autoridad municipal, sino en una sentencia constitucional vigente que el Ejecutivo está obligado a cumplir. “No se puede dirigir la presión contra quien no ha emitido el fallo. El municipio ha agotado todas las instancias legales durante más de dos años y medio en defensa del mercado Mutualista”, afirmó.
En ese sentido, el vocero remarcó que la gestión municipal ha sostenido una defensa jurídica constante y en solitario, buscando resguardar los predios del mercado dentro del marco de la ley. Sin embargo, enfatizó que, al mantenerse vigente la resolución constitucional, el alcalde debe cumplirla, más aún cuando actualmente enfrenta medidas sustitutivas por el presunto incumplimiento de dicha disposición.
“Hay que ser claros y responsables con la ciudadanía: mientras esta sentencia no sea dejada sin efecto por las instancias correspondientes, el Gobierno Municipal tiene la obligación de acatarla”, sostuvo Montenegro, al tiempo de señalar que cualquier acción para revertir el fallo debe dirigirse al Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia competente para modificar o anular la resolución.
Desde la Alcaldía se valoró que diferentes sectores e instituciones hayan anunciado acciones legales, como procesos por prevaricato contra exautoridades judiciales; sin embargo, se advirtió que, hasta la fecha, no existe una resolución oficial que deje sin efecto el fallo en cuestión.
En un tono firme pero conciliador, el vocero municipal hizo un llamado a los gremialistas a deponer actitudes de confrontación y canalizar sus demandas hacia las instancias que realmente tienen la competencia de resolver el conflicto. “El alcalde no solo ha enfrentado este proceso en defensa del mercado, sino que hoy carga con las consecuencias legales del mismo. La presión debe dirigirse a quienes generaron esta situación y a quienes pueden revertirla”, puntualizó.
Finalmente, la Alcaldía reiteró su compromiso con el respeto a la legalidad, el estado de derecho y la transparencia. Asimismo, exhortó a los dirigentes a mantener la calma y a no dejarse llevar por acciones que vulneran la convivencia pacífica.
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