| Medio Ambiente |
El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra inició el tercer proceso administrativo sancionador contra Marco Antonio Muñoz, acusado de avasallar predios municipales y de la tala sin autorización de cerca de 2.000 árboles en un área de dominio municipal contigua al Jardín Botánico, una infracción que conlleva una multa superior a los 21 millones de bolivianos.
El director general de Medio Ambiente, Juan Carlos Añez, informó que este lunes se procedió a la notificación por cédula del denunciado, luego de constatar que las oficinas registradas como su domicilio legal se encontraban vacías, cumpliendo con el procedimiento establecido por la normativa vigente.
Añez explicó que este corresponde al tercer proceso administrativo por la tala ilegal de árboles en predios municipales y recordó que el denunciado también enfrenta acciones por el presunto avasallamiento de un área de propiedad del Gobierno Municipal.
Asimismo, señaló que la actual gestión municipal se incorporó formalmente a la demanda presentada en 2025 ante el Tribunal Agroambiental por el daño ambiental ocasionado en el sector, reafirmando el compromiso de la administración del alcalde Manuel Saavedra con la defensa del patrimonio municipal y los recursos naturales.
El director detalló que en este tercer proceso se atribuye la tala de más de 1.900 árboles, por lo que, conforme a la Ley Autonómica Municipal N.º 210, corresponde una sanción económica superior a los 21 millones de bolivianos. Agregó que, sumando los tres procesos abiertos, el total de árboles derribados asciende a casi 5.000, lo que representa multas que superan los 53 millones de bolivianos.
Sin embargo, remarcó que la afectación va más allá del aspecto económico, al considerar que el principal perjuicio es el daño ambiental provocado por la pérdida masiva de cobertura arbórea en un área municipal.
La autoridad indicó que el Gobierno Municipal dará seguimiento al proceso hasta su conclusión y exigirá el cumplimiento íntegro de la Ley 210, que además de la sanción económica obliga al responsable a reparar el daño ambiental.
En ese sentido, explicó que la normativa establece la reposición de diez árboles por cada ejemplar talado sin autorización, por lo que el denunciado deberá plantar cerca de 50.000 árboles en los lugares que determine la Dirección General de Medio Ambiente, bajo supervisión municipal.
Finalmente, Añez afirmó que la Alcaldía mantendrá una posición firme frente a los avasallamientos de áreas municipales y continuará impulsando las acciones legales necesarias para proteger el patrimonio de la ciudad, con el objetivo de sentar un precedente que desincentive futuras ocupaciones ilegales y atentados contra el medio ambiente.
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